Conclusiones inconclusas

Conclusiones inconclusas

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06 de Abril de 2016

No se sabe con ningún grado de certeza en cuántos de éstos estuvo involucrada alguna autoridad pública, pero lo que sí se sabe es que, según todos los estudios disponibles, la tasa de impunidad es de 98 por ciento. En este contexto se inscribe el crimen de Ayotzinapa, en el que, de los pocos hechos establecidos, es que hubo participación de bandas criminales y de autoridades estatales y locales.

Las indagaciones oficiales federales primero y las comisiones especiales internacionales e independientes después fueron la respuesta para ganar credibilidad e intentar esclarecer quiénes fueron los autores, los responsables y las circunstancias en los que la desaparición forzada, el crimen y la violación a los derechos humanos de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa ocurrieron. Ninguna ha dado un resultado satisfactorio —quizá nunca lo haya— ni frente a los familiares de las víctimas ni frente a la sociedad horrorizada y atenta a los hechos ni frente a la comunidad internacional. A pesar de haber retirado de su puesto al procurador general de la República, del encarcelamiento de casi un centenar de presuntos involucrados y de la apertura inicial que mostró el gobierno federal al aceptar que una comisión independiente se encargara de la investigación y peritajes, el manejo oficial de esta crisis ha resultado fatal, con serias consecuencias para la imagen del Estado mexicano a nivel nacional e internacional.

Dicho esto, también es cierto que no solemos medir con la misma vara a los gobiernos y a las organizaciones sociales. A menudo se nos olvida que en todos los ámbitos —en el gubernamental o en el social— y en todos los sectores hay agendas personales o intereses políticos y sociales a perseguir. Algunos nos pueden parecer más legítimos que otros, pero intereses siempre hay. A Murillo Karam se le exigían resultados inmediatos, conclusiones satisfactorias y cualquier prórroga se interpretaba como dilación dolosa o se le atribuían motivos oscuros y ulteriores. En contraste, al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) no se le exige lo mismo y las prórrogas se consideran naturales y pertinentes.

Es indiscutible que el Estado mexicano y en particular los sistemas de justicia federal y estatales se ha ganado a pulso la ilegitimidad y desprestigio que padecen. Están a la vista las torpezas en la estrategia y comunicación con respecto de la decisión de no otorgar una nueva prórroga al GIEI y a las acusaciones hacia Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la CIDH, pero la intolerancia mostrada a toda interpretación que no encaje con la idea de un crimen de Estado o a las conclusiones del GIEI también son inadmisibles.

La ciencia, el profesionalismo y la independencia no alcanzan o no han alcanzado todavía para establecer la verdad sin adjetivos. Además de la investigación de la PGR, son tres las comisiones independientes que han intervenido en las indagaciones, además del supuestamente mejor laboratorio forense en Innsbruck. Cada una con una verdad distinta o con verdades a medias, pero sólo el gobierno carga con las descalificaciones por los tiempos, los procesos y las conclusiones. Cuál de las comisiones es más competente e independiente, no lo sabemos: ¿El tercer peritaje que el nuevo grupo colegiado de seis expertos designados entre el gobierno mexicano y el GIEI hizo en el basurero de Cocula, el del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAFF), la segunda opinión del señor Torero que inicialmente echó por tierra la versión de la PGR para, después, admitir la posibilidad de un incendio o el reporte del GIEI? Las indagaciones han recurrido a distintos métodos y líneas de investigación y sus reportes son discordantes, contradictorios e inconclusos.

De los diversos reportes hay pocas conclusiones concluyentes. Sobre lo que hay certeza y conclusiones concluyentes y que poco o nada tienen que ver con las investigaciones oficiales o independientes es que: 43 jóvenes fueron desaparecidos; el crimen organizado tiene penetradas a las instituciones gubernamentales de los tres órdenes de gobierno, las autoridades judiciales encargadas de procurar e impartir justicia son débiles y carecen de legitimidad; ha habido una enorme negligencia de parte de las autoridades federales y estatales para enfrentar el crimen organizado y la descomposición social en amplios sectores del territorio nacional; y el asunto Ayotzinapa perseguirá al gobierno hasta el final. Sobre estas conclusiones, el gobierno federal puede y debe actuar.

Twitter: @amparocasar


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